En España, la mayoría de las organizaciones, tanto públicas como privadas, desempeñan papeles cruciales en el ámbito de la PI y, en particular, en lo que respecta a la protección de marcas, de diferentes maneras. Estos incluyen, entre otros, el registro y la protección de los derechos de propiedad intelectual, los procedimientos de observancia contra las infracciones y la oferta de seminarios educativos y programas de formación. Estas instituciones trabajan en colaboración para garantizar mecanismos sólidos de defensa de la propiedad intelectual, prestando un apoyo integral a los titulares de derechos y fomentando un entorno que promueva la innovación y la competencia leal.

Pregunta: [Are there any laws or prospective laws relating to the use or effect of AI?] En marzo de 2024, la Unión Europea aprobó la Ley de Inteligencia Artificial. Esta Ley ya ha entrado en vigor y es aplicable en España, aunque se prevé una adopción gradual de sus disposiciones. La Ley regula los sistemas de IA en función de los riesgos que pueda suponer para los derechos fundamentales de los ciudadanos. Para ello, analiza sus funciones y propósitos. La Ley establece cuatro niveles de riesgo: (i) riesgo mínimo; (ii) alto riesgo: antes de su comercialización, se someterán a una evaluación de conformidad; (iii) riesgo inadmisible: aquellos que vulneran derechos fundamentales y, en consecuencia, están prohibidos (por ejemplo, una IA que realiza reconocimiento de emociones en el lugar de trabajo o en un centro educativo, sin motivo justificado); y (iv) riesgo específico para la transparencia: cuando existe riesgo de manipulación, se imponen obligaciones específicas (por ejemplo, los usuarios deben ser conscientes de que están interactuando con un robot conversacional). También se prevén multas para los sistemas de IA que no cumplan los requisitos de la Ley.